OVIEDO, 14 de junio. A raíz de la tragedia en la mina de Cerredo, donde cinco trabajadores perdieron la vida, el Partido Popular ha decidido solicitar la comparecencia de Sara Aagesen, actual vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Justa. Esta comparecencia se llevará a cabo en la comisión de investigación de la Junta General, enfocándose en las ayudas otorgadas por la administración central a las empresas mineras, a pesar de las denuncias sobre la extracción ilegal de carbón.

El anuncio fue realizado por Rafael Alonso, diputado regional del PP y portavoz en la citada comisión, quien también destacó la intención del partido de convocar a todos los funcionarios socialistas que hayan tenido o tengan responsabilidades en el ámbito de las minas y las operaciones del Grupo Cerredo. Esto incluirá inspectores, agentes medioambientales y personal de la Comisión de Seguridad Minera, así como a los heridos del accidente y a los directores de las empresas involucradas.

Adicionalmente, se ha solicitado la comparecencia de tres consejeros del Gobierno de Barbón y de otros tres exmiembros del Ejecutivo asturiano. Se trata de Borja Sánchez, responsable actual de Industria, además de Alejandro Calvo (Transportes) y Marcelino Marcos (Medio Rural). Este último en particular ha sido señalado debido a las advertencias que la guardería rural hizo sobre irregularidades en la mina de Cerredo. También se han mencionado a los exconsejeros de Industria y Minería: Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz, así como a viceconsejeros y directores generales del Principado.

Durante una rueda de prensa, Alonso hizo un llamado al Gobierno de Barbón para que colabore de manera transparente con la investigación, asegurando que no hay nada que ocultar, y que su compromiso con la comunidad minera se demuestre de manera efectiva. El diputado subrayó la necesidad de que se lleve a cabo una aclaración total de los hechos, enfatizando que la regeneración debe ser un objetivo real y no una mera fachada que oculte la extracción ilegal de carbón en Asturias.

El político del PP también destacó la importancia de que se haga justicia y claridad sobre lo sucedido, como un deber hacia las familias de los fallecidos y heridos. Criticó el hecho de que el plazo para solicitar comparecencias en la comisión de investigación expire antes de que se reciba la información solicitada.

Además, Alonso explicó que el Partido Popular aspira a que se evalúe la gestión del Gobierno regional desde enero de 2019, año en que se hicieron reformas en la Consejería de Industria que resultaron en la reducción del servicio de seguridad minera. Sin embargo, la izquierda ha impulsado que la investigación se limite a partir de julio de 2021.

Por último, subrayó que es fundamental que la comisión disponga de toda la información necesaria para garantizar la transparencia y rigor en la búsqueda de responsables. Es evidente que algo salió mal en la gestión; el objetivo debe ser esclarecer los hechos y establecer medidas que eviten que tragedias como la de Cerredo se repitan en el futuro.