OVIEDO, 17 de julio.

El Gobierno del Principado de Asturias ha recibido con satisfacción el reciente informe de la Comisión Europea sobre la extensión del peaje en el Huerna, donde se sostiene que el Gobierno español ha infringido la normativa de contratación pública de la Unión Europea. En este contexto, las autoridades asturianas han renovado su llamado a la eliminación total de este peaje, que consideran un obstáculo clave para la comunidad.

La Comisión Europea comunicó el jueves que el procedimiento de infracción contra España sigue en curso debido a la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 hasta el año 2050 sin realizar la correspondiente licitación pública, lo que, según el organismo, contradice las leyes europeas.

En respuesta a esta decisión, el Gobierno asturiano ha indicado que refleja "serias dudas sobre la legalidad" de una acción que ha causado un grave perjuicio a la comunidad, adoptada de manera unilateral por el gobierno del Partido Popular.

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ha calificado el dictamen de la Comisión Europea como "demoledor", por resaltar hechos "de la máxima gravedad". Asimismo, ha instado al PP a aceptar la responsabilidad por las decisiones tomadas en su gestión, que aparentemente han vulnerado la legislación comunitaria y han causado un significativo daño a Asturias.

Calvo también ha manifestado la intención del Gobierno de Asturias de participar en cualquier procedimiento que surja a partir del dictamen europeo, con el fin de conseguir la "eliminación definitiva del peaje del Huerna", una petición que históricamente han hecho los ciudadanos de la región.

El Ejecutivo regional ha reiterado su compromiso de facilitar toda la información técnica necesaria a las instituciones europeas para apoyar la resolución de este asunto.

Hay que recordar que en el año 2000, el Consejo de Ministros del Gobierno del PP aprobó la extensión de la concesión de la AP-66 sin la debida transparencia, sin llevar a cabo un proceso de licitación y desoyendo los intereses del Principado. Esta decisión ha repercutido negativamente en la economía y la conectividad de Asturias durante más de 20 años.