OVIEDO, 17 de mayo. En las últimas declaraciones, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, Borja Sánchez, defendió la legalidad del permiso otorgado a la empresa Blue Solving. Esta compañía estuvo involucrada en las actividades en la mina de Cerredo, donde se produjo una tragedia laboral el 31 de marzo al fallecer cinco trabajadores.

Las explicaciones de Sánchez se dieron en respuesta a un cuestionamiento formulado por Adrián Pumares, secretario general del Foro Asturias y miembro del parlamento regional, quien alzó su voz acerca de los permisos de investigación concedidos a Blue Solving en un lugar que había sido escenario de un accidente laboral significativo en el pasado.

El Gobierno asturiano aseguró que la autorización para la investigación complementaria se otorgó cumpliendo con la legalidad vigente. Además, justificó que un incidente técnico relacionado con la migración de correos electrónicos fue la razón por la cual una denuncia ciudadana sobre trabajos presuntamente irregulares no se atendió en su momento.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ejecutivo asturiano, Blue Solving solicitó el permiso el 5 de junio de 2024, siendo aprobado el 8 de julio del mismo año. La empresa cumplió con la normativa exigida bajo la Ley de Minas, además de otros reglamentos relacionados con la minería y la seguridad minera.

Sánchez detalló que, tras la solicitud, se revisó la documentación presentada, y se emitió un informe técnico antes de llegar a la decisión final.

Respecto a la experiencia de Blue Solving en investigaciones similares, el Gobierno indicó que no disponen de constancia sobre ella, pero aseguraron que evaluaron la documentación conforme a la normativa pertinente.

También se clarificó que los proyectos mineros aprobados no están obligados a ser informados públicamente, salvo en el caso del Proyecto General de Explotación de nuevas unidades productivas.

Acerca de las reuniones entre la exconsejera y Directora General de Energía y Minería, Belarmina Díaz, y representantes de Blue Solving, el Gobierno afirmó no tener constancia de un orden del día en tales encuentros.

En lo que se refiere al accidente mortal del 25 de agosto de 2022, en el que un trabajador perdió la vida, el Ejecutivo se justificó al señalar que no es habitual que se persone en causas donde no haya un daño directo a la Administración, siendo esta la excepción a la norma.

Un correo electrónico enviado el 16 de octubre de 2023, que advertía sobre actividades irregulares en la mina y fue dirigido al Servicio de Atención Ciudadana (SAC), fue citado en la conversación. El Gobierno argumentó que los funcionarios cumplen con sus deberes, destacando que el problema se originó durante la migración de cuentas de correo. En efecto, esperan que un informe de inspección aclare lo sucedido con esta cuenta en particular.

El Ejecutivo rechazó la insinuación de que había correos sin revisar desde 2023 y aseguró que, en el marco de una reestructuración de competencias, se están optimizando las cuentas implicadas en el proceso. También afirmó que no hay constancia de otras denuncias pendientes de respuesta en el SAC.

Sobre la posibilidad de tomar medidas disciplinarias por el inconveniente mencionado, Sánchez sugirió que lo adecuado sería esperar los resultados del informe de inspección de servicios.

Finalmente, al ser consultado sobre la falta de inspecciones durante un período de seis meses en una mina que había sufrido un accidente mortal y donde operan empresas penalizadas por extracción irregular de carbón, el Gobierno solo se limitó a contestar que los incumplimientos previamente detectados habían dado lugar a los correspondientes expedientes sancionadores según lo establecido por la legislación vigente.