La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha anunciado el comienzo de un proceso crucial de consulta pública este jueves. Este proceso se centra en la revisión de los mapas que detallan la peligrosidad y el riesgo de inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico occidental, además de la parte española del Cantábrico oriental.

Los mapas que están siendo objeto de esta revisión abarcan tanto nuevas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) que han sido identificadas recientemente como parte del tercer ciclo de planificación hidrológica, como aquellas que habían sido detectadas en evaluaciones pasadas y necesitan ser actualizadas para reflejar la realidad actual.

Los ciudadanos interesados podrán acceder a la información detallada durante un lapso de tres meses, comenzando desde la publicación de los mapas en la sede y el sitio web de la Confederación Hidrográfica. Además, se podrán consultar de forma presencial en sus oficinas en la calle La Regenta, 21-23, en Oviedo. Durante este periodo, se invita a la población a presentar sus comentarios y sugerencias, siguiendo lo estipulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La Confederación ha desarrollado estos mapas de inundaciones para alertar tanto a las administraciones como a los ciudadanos sobre los peligros de ocupar áreas con alto riesgo de inundación. Este esfuerzo busca aumentar la conciencia social sobre la gravedad de la situación.

Los gráficos presentados en estos mapas muestran, con claridad, las áreas susceptibles de ser inundadas en función de diferentes escenarios de probabilidad: alta, media y baja, con periodos de retorno que varían entre 10, 100 y 500 años. Esto proporciona una representación precisa de la magnitud del riesgo que enfrentan estas zonas.

Además, los mapas no solo indican el tamaño potencial de las áreas que podrían quedar bajo el agua, sino que también dan una estimación de la profundidad que las inundaciones podrían alcanzar en cada escenario planteado. Igualmente, estos mapas de riesgo de inundación incluyen información sobre el uso del suelo, la población afectada, las infraestructuras existentes y los bienes en peligro, así como una evaluación de los daños posibles que podrían derivarse de estas catástrofes naturales.