OVIEDO, 9 de mayo. Con el objetivo de establecer un marco claro para el uso de herramientas digitales en las aulas, el Gobierno del Principado de Asturias anunciará este viernes una nueva normativa que será publicada en la plataforma Educastur. Esta resolución, que espera su inclusión en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), tiene como principal objetivo prevenir la sobreexposición de los estudiantes a dispositivos electrónicos.

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha declarado que esta decisión está fundamentada en recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría y del Comité de Expertos del Ministerio. Espina enfatiza la necesidad de evitar que los niños se pasen horas excesivas frente a pantallas: “No se trata de prohibir, sino de educar y regular adecuadamente el uso de la tecnología”, ha subrayado la consejera, quien aboga por un enfoque equilibrado que combine el aprendizaje digital con el uso de recursos en papel.

Espina ha puesto de relieve la importancia de encontrar un balance que permita a los recursos digitales no solo coexistir, sino también contribuir al desarrollo de la competencia digital, un aspecto indispensable según la normativa educativa vigente. Sin embargo, también advirtió sobre el riesgo que implica un uso excesivo de estas herramientas, que podría menoscabar habilidades esenciales como la lectoescritura y la atención.

En sus declaraciones, la consejera recordó que “las evidencias científicas han demostrado que un uso desmedido de dispositivos digitales tiene efectos negativos en el desarrollo integral de los niños”, enfatizando que el aprendizaje abarca mucho más que simplemente la competencia digital.

En cuanto a la implementación de esta normativa, Espina aclaró que en el segundo ciclo de Educación Infantil el uso de dispositivos será limitado a actividades colectivas. A medida que los alumnos avancen, se integrarán de manera gradual estas herramientas, siempre como un complemento a los métodos tradicionales de enseñanza.

Además, el Principado otorgará un plazo razonable a los centros educativos concertados para que adapten sus programas al nuevo modelo digital, permitiendo que esta transición se realice de manera efectiva hasta la fecha límite prevista del curso 2026-2027.