El 5 de septiembre en Oviedo, se ha presentado un caso que ha llamado la atención de las autoridades locales en Asturias. La Fiscalía del Principado está pidiendo la condena de un operario implicado en un derrame de 400 litros de gasoil que ocurrió en una propiedad de Castrillón, con parte del combustible filtrándose al río Ferrería. La audiencia para este caso se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, a las 9:30 de la mañana.

El evento del derrame se remonta al 13 de marzo de 2019, cuando, según el Ministerio Fiscal, el operario, representante de una empresa de suministros, se encontraba en el lugar para llenar el depósito de gasoil. Sin embargo, al iniciar el suministro, el trabajador no se percató de que todo estuviera en orden ni tomó las precauciones necesarias, abandonando su puesto para dirigirse al garaje y emitir la factura.

La falta de supervisión resultó en que la manguera se desconectara del depósito, provocando que el gasoil se derramara por el suelo y parte de él se filtrara al subsuelo, llegando al río Ferrería, situado cerca de la vivienda. Tras realizar análisis, se detectaron niveles de hidrocarburos en el agua que representaban un riesgo para el medio ambiente. La empresa responsable se encargó de limpiar los desechos para devolver el río a su estado original.

En cuanto a los daños provocados, el dueño de la casa recibió una indemnización de 5.149,70 euros por parte de la aseguradora, compensación destinada a cubrir los daños en el garaje y la caldera. No obstante, la consejería de Medio Ambiente no especificó daños relacionados con el vertido de gasoil.

La Fiscalía argumenta que las acciones del operario constituyen un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente debido a una imprudencia grave. Por ello, solicita una pena de 5 meses de prisión para el acusado.

Además, el Ministerio Fiscal exige que el operario indemnice al propietario de la vivienda con el monto que se determine en la ejecución de la sentencia, cubriendo los perjuicios y el tiempo que el afectado no pudo utilizar tanto la caldera como el garaje, junto con los intereses legales pertinentes.