OVIEDO, 24 de julio.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha presentado una petición judicial que exige penalidades que suman 25 años y 4 meses de prisión para una pareja de padres acusados de tener a sus tres hijos menores prácticamente prisioneros en su hogar en Fitoria, Oviedo, durante un periodo de casi cuatro años, en condiciones de violencia psicológica habitual y detención ilegal.

De acuerdo con los informes del Ministerio Público, que ha presentado sus conclusiones provisionales ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, los hechos se produjeron entre diciembre de 2021 y el 28 de abril de 2025. La familia, compuesta por una madre de nacionalidad estadounidense y un padre alemán, se había trasladado a Asturias desde Alemania, y se encontraba residenciado en una vivienda unifamiliar, donde ocultaron a sus hijos de la sociedad.

Los registros públicos revelan que solo uno de los padres estaba empadronado en la propiedad, mientras que la madre y los menores no estaban inscritos en ningún registro público, lo que incluye la educación y la Seguridad Social. A lo largo de estos años, los acusados incumplieron notoriamente sus obligaciones como progenitores, privando a sus hijos de educación y de servicios básicos de salud, emocionales y sociales.

Los niños fueron mantenidos encerrados en el hogar, aislándolos completamente de cualquier contacto con el exterior, ya sea físicamente o a través de cualquier medio de comunicación. Sin conocer a familiares ni amigos, los menores no salieron al aire libre durante casi cuatro años, ya que sus padres les inculcaron un miedo infundado a posibles contagios. Además, la escolarización nunca fue una opción considerada por los acusados en España.

El proceso de aprendizaje de los niños fue muy limitado, con un enfoque autodidacta y escaso apoyo paternal. Dos de los menores, al momento de ser descubiertos, no podían leer ni escribir a sus 8 años. También se observó que no recibieron atención médica regular; la última visita al médico se remonta a 2019, siendo los mismos padres quienes diagnosticaban y trataban cualquier problema de salud.

En la casa se encontraron grandes cantidades de medicamentos adquiridos sin receta médica. Los pequeños presentaban problemas graves relacionados con el control de esfínteres debido al uso prolongado de pañales. Las condiciones del hogar eran deplorables, caracterizadas por un alto nivel de suciedad, acumularon basura en varias habitaciones y una falta general de higiene.

El mobiliario resultaba inadecuado para las necesidades de los menores: los gemelos dormían en cunas modificadas, mientras su hermano mayor utilizaba una cama pequeña para su edad. La salud física de los menores estaba deteriorada; caminaban encorvados, mostrando problemas para subir escaleras y padeciendo irritaciones cutáneas. Al ser liberados de su confinamiento, su asombro ante el mundo exterior era evidente.

Estos sufrimientos han llevado a que los menores experimenten un claro retraso en su desarrollo social, lo que impactará en su capacidad para integrarse en relaciones adecuadas a su edad. A raíz de estos acontecimientos, el 30 de abril de 2025, el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo dictó medidas cautelares, incluyendo la prisión sin fianza de los acusados y la suspensión de su responsabilidad parental, otorgando la tutela al Principado de Asturias mediante la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Por disposición del 6 de mayo de 2025, la mencionada Consejería determinó el desamparo de los menores y asumió la tutela bajo su responsabilidad.

DELITOS Y PENAS

La Fiscalía argumenta que estos actos constituyen un delito de violencia psíquica habitual y tres delitos de detención ilegal, solicitando penas que incluyen dos años y cuatro meses de prisión por violencia psicológica y penas más severas por detención ilegal, además de múltiples restricciones de por vida en cuanto a su relación con sus hijos y prohibiciones de contacto social.

Los acusados enfrentan una petición de indemnización de 15.000 euros por menor, en compensación por los daños morales infligidos, más los intereses legales pertinentes, planteando así un claro mensaje sobre la importancia de proteger los derechos de los más vulnerables en nuestra sociedad.