En Madrid, el 16 de julio, la situación de las sindicalistas asturianas conocidas como "Las seis de La Suiza" ha levantado una ola de indignación entre ciertos partidos de izquierda. Esquerra Republicana, Bildu, Podemos y el BNG están impulsando una propuesta en el Congreso para que el Gobierno clemencie a estas mujeres, quienes se encuentran actualmente cumpliendo una condena de tres años y medio por su participación en protestas que se llevaron a cabo frente a una pastelería en Gijón. Estas manifestaciones se organizaron en apoyo a una trabajadora que denunció acoso laboral y sexual en 2017.

La iniciativa presentada por ERC la semana pasada ya hacía eco de la solicitud de indulto. Además, abogaban por garantizar la libertad sindical y el derecho a la protesta. En esta nueva propuesta, con el apoyo de otros partidos del Gobierno de coalición, han centrado sus esfuerzos exclusivamente en reclamar el indulto para las sindicalistas.

Según la información recogida por Europa Press, los partidos firmantes critican lo que consideran un "uso desproporcionado del Código Penal" en este caso, pidiendo a gritos que se rectifique lo que consideran un abuso judicial, resaltando que las protestas no derivaron en actos de violencia ni causaron ningún daño material.

El conflicto que ha llevado a estas mujeres a prisión comenzó en 2015, cuando una trabajadora embarazada comenzó a experimentar un presunto acoso laboral y sexual, lo que la llevó a presentar una denuncia a principios de 2017 con el apoyo de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Ante la negativa de la empresa a dialogar, el sindicato no dudó en organizar protestas y piquetes informativos para visibilizar la problemática, lo que resultó en acciones penales que involucraron a más de treinta personas.

Las fuerzas políticas que respaldan el indulto señalan que tanto la Fiscalía como el Gobierno del Principado de Asturias han manifestado su apoyo a la medida de gracia para las sindicalistas, haciendo hincapié en su "conducta ejemplar" y el "sufrimiento" vivido a lo largo de un proceso judicial que se ha prolongado durante más de ocho años.

Estas agrupaciones consideran que este caso representa un "grave retroceso en materia de libertades sindicales y derechos laborales", así como una "injusticia" que debe ser corregida a través del indulto. Por lo tanto, han instado al Congreso a hacer un llamado al Gobierno para que tome medidas en este sentido.