OVIEDO, 11 de octubre.

Un grupo de organizaciones, entre las que se encuentran Uita, asociaciones de transportistas, la plataforma ciudadana Peaje del Huerna No!, y el exdiputado regional Daniel Ripa, han convocado una multitudinaria manifestación para el sábado 18 de octubre en Oviedo. El objetivo es exigir la eliminación urgente de los peajes en la AP-66 y la AP-9, considerados ilegales por la Comisión Europea desde 2021.

La concentración se llevará a cabo a las 12:00 horas en la emblemática Plaza de España, justo frente a la Delegación del Gobierno en Asturias. Los organizadores describen este evento como un movimiento cívico de gran envergadura, debido a lo que consideran un "agravio histórico" tanto a los ciudadanos como a la economía del noroeste de España.

La AP-66, que une Asturias con la Meseta, es una de las autopistas más costosas del país, con una concesión que lleva activa más de 50 años. Según la Plataforma, esta carretera se ha transformado en "un obstáculo económico" para transportistas, trabajadores, familias y empresas, quienes no cuentan con rutas alternativas adecuadas. Esta situación ha generado sobrecostes que perjudican el desarrollo económico y acentúan el aislamiento estructural de las regiones de Asturias, León y Galicia.

Las demandas de los organizadores son claras:

- La eliminación inmediata y definitiva del peaje del Huerna, así como de la AP-9.

- La restitución de todos los cobros que se hayan realizado de manera ilegal desde 2021.

- Una revisión de las políticas de infraestructuras que cumpla con la normativa europea y garantice la igualdad territorial.

- Un plan de inversiones justo y sostenible para la región noroeste de la península.

Los convocantes subrayan que la Comisión Europea tachó de ilegal, en julio de este año, la prórroga de la concesión de la AP-66, que se había acordado en 2003 durante el mandato de José María Aznar y estaba vigente entre 2021 y 2050. Asimismo, los peajes de la AP-9 gallega también fueron objeto de la misma declaración. En consecuencia, consideran que toda recaudación realizada desde el 17 de octubre de 2021 contraviene la legislación europea.

Sin embargo, critican que el Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, ha optado por mantener dichos peajes, desoyendo la normativa europea y perpetuando una situación desventajosa para el noroeste del país.