En un reciente fallo, la jueza del Tribunal de Instancia de Briviesca ha ordenado el desalojo de ocho exmonjas que habitan el monasterio de Santa María de Belorado. Esta decisión se produce en el marco de un juicio en el que se evaluaron las pruebas presentadas por Mario Iceta, el Comisario Pontificio y arzobispo de Burgos.

La resolución judicial ha sido recibida con satisfacción por parte de la Oficina del Comisario Pontificio, que considera que el fallo respalda completamente su solicitud de desahucio formulada el 16 de septiembre de 2024. La magistrada ha confirmado que hay razones suficientes para proceder con el desalojo y que las exmonjas deberán restituir la finca a su legítima propietaria.

La sentencia señala que, en caso de que no se produzca un desalojo voluntario, la jueza ha advertido de la posibilidad de un lanzamiento forzoso. Además, el fallo determina que las exmonjas no han justificado su ocupación del inmueble frente a su propietario legítimo, lo que refuerza la decisión de desahucio.

Otro aspecto relevante de la resolución es la referencia a un encuentro del llamado “capítulo conventual” celebrado el 8 de mayo de 2024, en el que se acordó la transformación de la entidad religiosa en una asociación civil. La magistrada ha señalado que dicha reunión carece de validez canónica y no otorga derechos sobre el uso del monasterio.

En su análisis, la jueza ha subrayado que la libertad religiosa se reconoce únicamente a personas físicas y no a entidades jurídicas, lo que contrasta con el argumento presentado por la defensa de las exmonjas sobre sus derechos en este sentido.

Durante la audiencia, la representación del Comisario Pontificio argumentó que las monjas de mayor edad que no se unieron al cisma son las verdaderas representantes de la comunidad monástica, subrayando que son ellas las verdaderas propietarias del convento, con el arzobispo Iceta actuando en su representación legal.

La magistrada desestimó también las alegaciones del abogado de las exmonjas, quien cuestionó la autoridad del arzobispo en relación a la representación de la comunidad y la transición de la jurisdicción canónica a la civil, que defendían las exreligiosas.

El juicio se llevó a cabo el 29 de julio tras la suspensión de dos audiencias previas, y se ha dictado condena en costas a las exmonjas en función de la estimación de la demanda. Los abogados de las exmonjas han manifestado su intención de recurrir la decisión ante la Audiencia Provincial.

Mientras tanto, parte de la comunidad de Belorado ha establecido una nueva base en Asturias, gestionando un restaurante en Arriondas. Asimismo, han iniciado proyectos para el entrenamiento de perros de asistencia, diversificando sus actividades en el Principado.