OVIEDO, 23 de junio - La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado una severa condena de 20 años de prisión para un individuo acusado de haber asesinado a su tío político. El macabro hallazgo del cadáver de la víctima se produjo en una finca en Granda (Siero) un mes y medio después de cometerse el crimen, ocurrido en marzo de 2024. Además, un hermano y un primo del acusado están involucrados en el caso como presuntos encubridores.

El Ministerio Público ha presentado sus conclusiones provisionales en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Siero. La acusación abarca a los dos hermanos del principal implicado y a su primo. J. J. P. C., un colombiano de 52 años, llegó a España en julio de 2023 en busca de oportunidades laborales que le permitieran enviar dinero a su familia en su país de origen. Su nueva vida lo llevó a establecerse en Colloto.

En su empleo, J. J. P. C. coincidió con su cuñado y los hijos de este, quienes eran sus sobrinos políticos. Esta relación familiar propició encuentros después del trabajo donde solían compartir cervezas. El 25 de marzo de 2024, tras una jornada juntos, J. J. P. C. y el principal acusado fueron a un supermercado a comprar más alcohol y bebieron en cantidad significativa, según lo indicado por la Fiscalía.

Por la tarde, ambos se trasladaron a la casa del acusado en Granda. Durante una videollamada que J. J. P. C. tuvo con su pareja, surgió una discusión relacionada con episodios de violencia familiar que databan del pasado. En el transcurso de esta confrontación, el acusado atacó a su tío político con un arma blanca, causándole múltiples heridas en el cuello y demás partes del cuerpo, lo que resultó fatal. La Fiscalia subraya que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse, ya que no se hallaron lesiones defensivas en su cadáver.

Al cabo de una hora, el presunto agresor se comunicó con su hermano y ambos decidieron enterrar el cuerpo en el huerto de la finca para ocultar las pruebas. Previo a ello, eliminaron cualquier evidencia incriminatoria, incluido el teléfono móvil de la víctima, que destruyeron para complicar la investigación.

Las pesquisas policiales comenzaron tras una denuncia de desapareción presentada el 26 de marzo por la pareja del cuñado de la víctima. El 10 de abril, el hermano del principal acusado se presentó en comisaría, pero intentó desviar la atención. Sin embargo, posteriormente cambió su declaración, admitiendo que había estado presente la noche de la desaparición.

El primo de ambos acusados también estuvo en contacto telefónico en el momento del crimen y, aunque tuvo acceso a información relevante, no la compartió con las autoridades y eliminó mensajes que podrían incriminarlo.

La Fiscalía sostiene que si no hubiese habido complicidad en el encubrimiento, el cuerpo de la víctima se habría descubierto más rápido, facilitando la investigación y evitando la destrucción de pruebas. El 7 de mayo de 2024, tras obtener autorización, la policía registró la finca donde presuntamente estaba el cadáver, que fue encontrado al día siguiente cerca de un área de compostaje, tras esfuerzos infructuosos el día anterior.

El cuerpo, en estado de descomposición acelerada, fue encontrado envuelto en varias bolsas de plástico, lo que complicó aún más la identificación. La Fiscalía ha calificado al principal acusado de autor de un delito de asesinato, mientras que el hermano es procesado por encubrimiento. El primo enfrenta idéntica acusación pero con una posible pena inferior.

En sus alegaciones, la Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión para el principal acusado, además de su inhabilitación absoluta y cinco años de libertad vigilada. En contraste, el segundo acusado podría no recibir pena alguna, mientras que el primo se enfrenta a un potencial de tres años de prisión, aunque podría solventar su condena con una expulsión del país durante cinco años.