OVIEDO, 1 de agosto.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA) ha presentado cerca de 30 propuestas para la nueva Ley de Vivienda que se está gestando en el Principado de Asturias. Estas sugerencias enfatizan los problemas de escasez de vivienda pública y la saturación de recursos destinados a personas sin hogar, así como las carencias en los servicios sociales que no cuentan con suficientes soluciones habitacionales.

A través de un comunicado oficial, el Colegio ha instado al gobierno regional a establecer una “normativa garantista” que asegure que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna en condiciones de igualdad, convirtiendo esta realidad en una prioridad del ejecutivo asturiano.

Los representantes del Colegio subrayan la importancia de escuchar a los profesionales del Trabajo Social, quienes poseen una visión clara sobre las apremiantes necesidades habitacionales que enfrenta una amplia parte de la población asturiana.

El Colegio ha expresado su decepción al advertir que muchas de sus sugerencias no fueron consideradas por el Principado de Asturias. Con la reciente apertura del periodo de información pública en el Boletín Oficial, han decidido destacar algunas de las iniciativas propuestas previamente y reiterar su compromiso en abogar por ellas.

Entre las propuestas sobresale la mejora en la gestión del parque de vivienda pública desde un enfoque social. Esto permitiría identificar con prontitud casos que requieran intervención social, ya sea a nivel familiar o comunitario.

También se aboga por un incremento en el número de viviendas de propiedad pública, así como por establecer una colaboración y coordinación efectiva entre todas las entidades administrativas implicadas. Además, se urge a revisar los procedimientos de adjudicación de viviendas y se plantea la creación de un registro único de demandantes de vivienda, así como de un observatorio autonómico de vivienda.

Otras sugerencias presentan un enfoque en regular el alquiler de habitaciones y gestionar adecuadamente las viviendas destinadas al uso turístico y rural. Por otro lado, se sugiere una revisión de la normativa relacionada con las ayudas al alquiler, un aumento en la oferta de viviendas protegidas y garantizar el suministro de servicios básicos para inquilinos afectados por medidas de desahucio.

Sin embargo, el Colegio de Trabajo Social ha señalado que todas estas propuestas carecerán de efectividad si no se integran equipos de trabajo multidisciplinarios donde el trabajo social desempeñe un papel fundamental, algo que consideran una tarea pendiente para la Consejería correspondiente.