OVIEDO, 14 de julio.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha tomado la decisión de rechazar las peticiones de medidas cautelares presentadas por las organizaciones agrarias UCA y COAG, que buscaban detener la celebración de las elecciones agrarias programadas para el 17 de julio, un evento que no se produce desde hace más de dos décadas.

En un comunicado difundido este lunes por la Unión Rural Asturiana (URA), se informa que el tribunal ha determinado que las organizaciones demandantes presentaron su recurso fuera de plazo, cuando el proceso electoral ya había avanzado considerablemente. El auto judicial señala que la solicitud fue presentada el 23 de junio, más de un mes después de que se publicara la convocatoria el 16 de mayo.

Además, URA incluye en su información extractos del documento de oposición a las medidas cautelares, redactado por el abogado del Principado, que destaca que "el Consejo Consultivo aprobó el decreto y no formuló alegaciones de importancia".

El abogado también desestima las objeciones al censo planteadas por las organizaciones UCA y COAG. En su argumentación, afirma que "no se pueden considerar alegaciones sobre el censo los documentos presentados por los sindicatos reclamando la inclusión de grupos y colectivos de manera indefinida", ya que "las alegaciones al censo deben ser presentadas por quienes ostentan derechos específicos" y que los solicitantes no cumplían "los requisitos fundamentales de ser agricultores a título principal o no estar registrados como tales en el registro público".

Asimismo, el auto judicial indica que "la elección de la fecha en concordancia con las actividades agrícolas estivales no puede considerarse un argumento válido para suspender el proceso electoral", y que "el sector agrario, cuando se pronuncia sobre los plazos, en su mayoría demanda judicialmente que las elecciones se realicen lo antes posible".

En este contexto, la URA ha recordado que las elecciones están reguladas según el Decreto 41/2025, del 14 de abril, y convocadas mediante resolución del 14 de mayo. Este proceso tiene como objetivo evaluar la representatividad actual del sector agrario, en un momento en el que han surgido nuevas organizaciones, como URA y USAGA, y busca poner fin al régimen transitorio que ha estado vigente desde las últimas elecciones a la disuelta Cámara Agraria en 2002.

En consecuencia, el abogado del Principado ha subrayado que "la prolongación de la situación actual no solo afectaría a todos los actores del sector, sino que perjudicaría en particular a la Administración Agraria, que requiere contar con "interlocutores validados por los resultados de unas elecciones".