OVIEDO, 16 de octubre. En una movida que promete encender los debates en la política asturiana, el diputado regional del Partido Popular, José Cuervas-Mons, ha solicitado la comparecencia del presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), Belarmino Fernández Fervienza, en la Junta General. El objetivo de esta comparecencia es arrojar luz sobre el controvertido proceso de selección de la nueva directora del Centro de Innovación Territorial (CIT), Graciela Blanco.

La solicitud de Cuervas-Mons llega tras lo que él califica como una negativa “sistemática” por parte del gobierno socialista de Adrián Barbón a proporcionar el expediente completo relacionado con esta selección. Esto a pesar de que los asesores legales de la Junta han confirmado en informes que existe un derecho a acceder a esa información crucial.

El legislador popular ha expresado serias preocupaciones sobre posibles fraudes y la falta de transparencia en el proceso que resultó en el nombramiento de Graciela Blanco. Según él, el procedimiento estuvo lleno de anomalías y se adjudicó a una exconsejera del PSOE, lo que eleva sospechas sobre el manejo del proceso.

Cuervas-Mons ha revelado que el proceso fue convocado por la Reader a instancias de la Dirección General de Reto Demográfico, bajo la supervisión de Marcos Niño, y que todo se organizó entre marzo y mayo de 2025, incluso antes de la creación oficial del CIT.

El parlamentario ha criticado las restricciones impuestas en la convocatoria, que limitaban a los candidatos a aquellos que poseyeran tres titulaciones específicas, circunstancia que precisamente favorecía a Graciela Blanco. Además, se requería experiencia laboral exclusivamente en el sector público, excluyendo cualquier vinculación con empresas privadas.

Adicionalmente, el plazo otorgado para la presentación de candidaturas fue extraordinariamente breve, solo diez días naturales, lo que supone un desafío considerable para los aspirantes que debían presentar documentación amplia sobre sus méritos y proyectos para el CIT.

Como resultado de estas restricciones, solo se presentaron cuatro candidatos, y únicamente uno, Graciela Blanco, cumplía con los requisitos establecidos. Cuervas-Mons también ha cuestionado la naturaleza del contrato firmado, que es indefinido, a pesar de que el convenio estipula un periodo que termina en febrero de 2026, con opción a prórroga de hasta cuatro años. “¿Por qué se le otorga un contrato indefinido?” se pregunta el legislador del PP.

El diputado del PP enfatiza que la selección es una delegación de la Dirección General de Reto Demográfico y que es el Gobierno el que firma convenios con la Reader y, por tanto, quien financia los gastos de personal. “De hecho, de los 100.000 euros que el Principado transfiere a la Reader, más de la mitad, es decir, 52.000 euros, están destinados al sueldo de Graciela Blanco”, concluye Cuervas-Mons, evidenciando su preocupación por la gestión pública en esta contratación.